ceciliavlareu@hotmail.com
Autores:
Cecilia Vázquez Lareu(IIGG) - ceciliavlareu@hotmail.com
A 45 años del golpe cívico militar, el análisis del proceso sociohistórico desenvuelto desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha se vuelve imprescindible. Entre las varias dimensiones para abordar el balance de este trayecto, la judicialización constituye un objeto central. A la hora de analizar el estado de las causas por crímenes de lesa humanidad, la pandemia global marca de manera inesquivable el contexto desde el cual lo hacemos: las medidas de aislamiento social inauguradas el año pasado desaceleraron los juicios orales en estas causas. Así, este factor que resulta decisivo en los tiempos de la justicia, se suma de manera preocupante a la impunidad biológica que implica el paso de los años. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal publica anualmente un informe con datos que dan cuenta de ciertas estadísticas sobre el estado de los juzgamientos. El presente trabajo parte del análisis de dicho documento para luego poner el foco sobre el estado de las causas judiciales por responsabilidades empresariales en delitos de lesa humanidad. Al analizar el informe del MPF así como la agenda de juicios, ciertas coberturas periodísticas y producciones académicas, nos aproximamos a conocer cuál es el panorama y cuáles los horizontes para el juzgamiento de la participación civil en la última dictadura, en un contexto de franca desaceleración y generación de nuevos escollos en el avance de las causas.
