Sur, pandemia y después

El flujo migratorio intrarregional posicionó a Chile como país receptor. Los factores que explican esta dinámica migratoria son crisis sociopolíticas (Martínez y Orrego, 2016); y por la consolidación de desigualdades globales como consecuencia estructural del capitalismo avanzado (Canales, 2008; Stefoni, 2004). Las políticas sociales en materia migratoria operan como “sistema de condicionalidades para acceder a derechos y como dispositivos que inducen a dicha condicionalidad” (Thayer, 2019, pág. 17). La política migratoria define condiciones para institucionalizar el “estatus legal precario de personas migrantes” particularmente con la escala de grises que categoriza el goce efectivo de derechos. Pregunta de investigación: ¿Qué prácticas, significados y disposiciones despliegan las personas migrantes usuarias del servicio público de salud, frente a dispositivos que condicionan el acceso a derechos sociales? Se aplicó una metodología cualitativa, mediante dos técnicas: a) Análisis documental: revisión de normativa y documentos oficiales de centros públicos de Salud. b) Entrevistas semiestructuradas: usuarios/as migrantes, directores y funcionarios de la salud. Se concluye que la discriminación social e institucional formalizada en la normativa regulan el acceso parcial a derechos y recursos, creando las condiciones para la negación total. La política migratoria y sus dispositivos operan como puertas de entrada a derechos civiles, políticos y sociales.